. índice . Prefacio . Preface . . aguas . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . . contamina 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . . holocausto 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . . lineas 1 . 2 . 3 . 4 . . hidrotermias 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . . nuevas 1 . 2 . 3 . . Reconquista 1 . 2 . . hidrogeo 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . . esbozos 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . . corredorcentral 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . . cordones 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . . epiola 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . . deriva 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . . archivo 1 . 2 . 3 . 4 . . Halcrow 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . . frentehalino 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . . emicampanaoculto 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . . Costa del Plata 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . . Costa del oro 1 . 2 . . IRSA 1 . 2 . 3 . 4 . . flujos . . segmentos . . pendientes 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . . delta 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . . propuesta . 1 . 2 . . correconvectivo 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . . plataforma 1 . 2 . . termodinamica 1 . 2 . 3 . . 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FJA El enorme poder que la Corte Suprema de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ha permitido que un grupo de empresas vinculadas con el propio magistrado obtengan contratos millonarios sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental, que Armella debe supervisar. El plan fue elaborado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), de la que participan la Nación, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con catorce municipios del Conurbano. Nada dice Verbitsky de que Mussi llegó a la Secretaría, sin antecedente alguno en gestión ambiental, sino más bien por asuntos políticos. Fue en diciembre de 2010, dos meses después de un claro gesto de apoyo a Cristina Fernández, durante el momento crítico de la muerte de Néstor Kirchner. En esa oportunidad, el entonces intendente de Berazategui había instado al gobernador Daniel Scioli a presentarse a la reelección en la Provincia, y que todo el PJ se encolumne detrás de la figura presidencial. Sigue el texto de Verbitsky a quien agradezco siga cultivando su vocación. La Corte fijó desde el comienzo términos estrictos para cada paso. Por ejemplo, adoptar en 90 días hábiles un sistema internacional de medición para controlar el avance del proceso; organizar en 30 un sistema de información pública en internet para el público; inspeccionar en otros 30 todas las empresas radicadas en la cuenca e identificar a las contaminantes y exigir que en el mismo lapso cada una de esas empresas presentara un plan de tratamiento. El enorme poder que la Corte Suprema de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ha permitido que un grupo de empresas vinculadas con el propio magistrado obtengan contratos millonarios sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental, que Armella debe supervisar. El plan fue elaborado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), de la que participan la Nación, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con catorce municipios del Conurbano. Documentos de la Acumar muestran un modus operandi que se reitera: el juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la Acumar elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena. Una reconstrucción incompleta indica que las obras ya emprendidas o a realizar por ese grupo de empresas ascienden a 250 millones de pesos. Los precios que cotizan y que la Acumar acepta hasta duplican los de mercado. Lo que se acelera con las intimaciones es la firma de los contratos, no el avance de las obras encomendadas. Hasta el registro de estos procedimientos es difícil, ya que la Acumar contrata esas obras por convenios con otras entidades, como el Organismo Bonaerense para el Desarrollo Sustentable (OPDS), la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad Del Estado (Ceamse), la Universidad Tecnológica Nacional y diversos municipios, entre los más asiduos el de Lomas de Zamora. Acaso sospechando algo, la Corte Suprema requirió hace dos semanas a la Acumar un informe detallado sobre el grado de avance alcanzado en el cumplimiento de cada uno de los objetivos obligatorios impuestos en su fallo. El presidente directivo de Acumar, Juan José Mussi, designó presidente ejecutivo al químico Oscar Deina, quien antes fue Director Bonaerense de Control Ambiental y Saneamiento Urbano, y como Secretario de Planificación Estratégica a Carlos Balor, uno de los políticos más próximos a Mussi, cuya lista de concejales en Berazategui encabezó en 2009 junto con el actual intendente, Juan Patricio Mussi, quien asumió la intendencia cuando su padre fue designado Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en diciembre de 2010. Ex alcalde de Berazategui, Mussi fue ministro de Salud durante las gobernaciones de Eduardo Duhalde y Carlos Rückauf y Secretario de Asuntos Políticos durante el interinato de Duhalde a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. A limpiarEn junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para conocer en su jurisdicción originaria el reclamo contra la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas presentado por diecisiete personas damnificadas por la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Pero en una decisión que sacudió todas las rutinas tribunalicias y realzó el rol de la Corte como un poder del Estado activo y con sensibilidad ambiental y social resolvió asumir la tutela del ambiente, considerado un bien de incidencia colectiva, de uso común e indivisible. La Corte citó a una serie de audiencias públicas sin precedentes, para escuchar a los vecinos denunciantes, las autoridades de todas las jurisdicciones concernidas y a organizaciones sociales y ambientalistas y solicitó informes y planes integrales de saneamiento, ya que en los 2240 km2 de la cuenca hídrica más contaminada del país y de sus degradadas zonas urbanas, el catastrófico deterioro ambiental afecta los derechos humanos fundamentales a la salud, al agua y el saneamiento, a la vivienda adecuada, a la calidad de vida y a un ambiente sano. En respuesta al activismo judicial, en noviembre de 2006 se creó por la ley 26.168 la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Ese ente de derecho público interjurisdiccional es presidido por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y lo integran otros siete miembros, representantes de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma. En 2007, la Corte reclamó de la Acumar una serie de informes precisos sobre estado del agua y el aire; traslados de población y de empresas; proyectos sobre el polo petroquímico de Dock Sud; utilización de créditos verdes; saneamiento cloacal y de basurales; limpieza de márgenes del río; expansión de la red de agua potable; desagües pluviales; estado de avance de las obras, factibilidad de sus plazos, costos y financiamiento. Un alto porcentaje de los cinco millones de habitantes que se apiñan en los catorce municipios de la cuenca viven en villas o asentamientos precarios, sin servicios básicos de saneamiento y con alta incidencia de necesidades básicas insatisfechas. El 8 de julio de 2008 la Corte ordenó medidas protectoras del interés general y encomendó a la Acumar el cumplimiento de tres objetivos simultáneos: la mejora de calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención de daños. La enormidad de la tarea a realizar luego de un siglo de desidia, hizo que la Corte fijara desde el comienzo términos estrictos para cada paso. Por ejemplo, adoptar en 90 días hábiles un sistema internacional de medición para controlar el avance del proceso; organizar en 30 un sistema de información pública en internet para el público; inspeccionar en otros 30 todas las empresas radicadas en la cuenca e identificar a las contaminantes y exigir que en el mismo lapso cada una de esas empresas presentara un plan de tratamiento. Tampoco la SCJN tiene idea de cómo controlar la aplicabilidad de esos criterios internacionales de medición para el caso Riachuelo. Si empezamos por aquí, tal vez todos sean santos inocentes. FJA También fijó plazos para el saneamiento de basurales, la urbanización de villas y asentamientos precarios, el plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), la limpieza de las márgenes del río, la parquización de la ribera, la expansión de la red de agua potable en el período 2008/2015, los de-sagües pluviales, la construcción de la planta depuradora Berazategui y sus emisarios y el plan sanitario de emergencia. Estas razonables estipulaciones -(lo de "estipulaciones razonables" va por cuenta de Verbitsky que tampoco ha estudiado el cadáver de este muerto. FJA)-, incluyeron la aplicación de una multa diaria al presidente de la Autoridad de Cuenca por el incumplimiento de cualquier plazo. Para organizar la participación ciudadana, también creó un cuerpo colegiado con las organizaciones no gubernamentales que intervienen en la causa, coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo, delegó el proceso de ejecución de su sentencia en el juzgado federal de primera instancia de Quilmes, que actuaría desde entonces como tribunal superior de la causa, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento. En el considerando 21, invistió al juez con la facultad de fijar el valor de las multas diarias e investigar los posibles delitos que deriven del incumplimiento. Armella quedó como instancia de revisión judicial de las decisiones de la Acumar, y sus resoluciones sólo podrán ser apeladas ante la propia Corte Suprema. Estos son los poderosos -(y bien inútiles. FJA)- instrumentos que el juez utiliza para fijar los plazos perentorios que luego justifican la contratación directa de las empresas vinculadas con Su Señoría, incluso en obras de carácter estético que no habría inconveniente en licitar y que de ese modo costarían menos de la mitad de lo que se paga por su realización. Grupo de familiaEl 24 de febrero de este año se constituyó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sociedad “San Martín 264 Bernal SA”, con un capital de 30 mil pesos para realizar actividades inmobiliarias y de construcción. Su presidente es el monotributista Francisco Alberto Groba, el suegro del juez Armella, y una de sus accionistas es su hija Marina Laura Groba Martini, una abogada de 35 años, casada con Armella. Otro socio es el arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, tío de Marina Laura. El presidente suplente es el abogado portugués Arturo Rodrigues da Silva. Aunque todos sus accionistas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, la sociedad anónima cuya denominación es un domicilio de Bernal, se constituyó ante el escribano porteño Mario Gabriel Szmuch, fijó domicilio en Lavalle 1675, 4º 13, de la Capital Federal, y fue inscripta en la Inspección General de Justicia de la Nación. En ese edificio no funciona ninguna empresa con esa denominación. La nómina completa de sus integrantes conduce a la abigarrada trama de firmas que se benefician con la prodigalidad del magistrado. El cuadro que se reproduce en esta página muestra esas relaciones. Rodrigues da Silva preside, es director o socio de las sociedades anónimas Gildin, M&T, Tierras Provinciales y Vial Rogo Constructora, y varios de los accionistas de “San Martín 264 Bernal SA” lo son también de algunas de esas empresas vinculadas: Eduardo Ojea preside M&T, donde su esposa Graciela Susana Beatriz Aparicio es directora suplente. Gilda González es directora de Gildin, Vial Rogo Constructora y Kartonsec; su hermano Diego González es presidente de Vial Rogo y Kartonsec y accionista y vicepresidente de Tierras Provinciales, entre cuyos socios hay otros tres accionistas de “San Martín 264 Bernal SA”: Jorge Alfredo Kyle, Héctor Eduardo Luerchio y Guillermo Eduardo Chiaborelli. Otros tres hermanos González (Lorena, Iván Guido y Romina) y sus padres (Francisco González y Graciela Pizzera) son directivos o socios de Vial Rogo, junto con el ubicuo Rodrigues da Silva. Cuatro de los hermanos González y su madre son los directivos de Kartonsec. De este modo, los tres grupos familiares que junto con Rodrigues da Silva integran “San Martín 264 Bernal SA” (los González, los Ojea-Aparicio y los Armella-Groba, todos de Ranelagh, el barrio residencial de Berazategui, donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años) ocupan las principales posiciones en este dibujo de empresas dedicadas a limpiar mucho más que el Riachuelo. Una característica singular de Gildin SA, que también gira con el nombre de fantasía Canteras del Sur, es que extrae tierra y tosca de la cantera Arroyo de las Conchitas, ubicada en la zona urbana de Berazategui. Ese agujero, en un predio de 20 hectáreas, fue mostrado en 2006 por Telenoche, lo cual dio lugar a que la Dirección Provincial de Minería lo clausurara, alegando que había vencido su habilitación. Gildin presentó un recurso de amparo en el juzgado federal de Quilmes. Armella se excusó pero la jueza subrogante Marcela Linares lo concedió y autorizó que la cantera continuara funcionando. Gildin también denunció a los funcionarios provinciales por discriminación: mientras clausuraban su cantera permitían la extracción de tierra en terrenos fiscales. Esto dio lugar a un largo enredo judicial. Aunque la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió que no correspondía la competencia federal, la autorización sigue vigente. Lo que sí hizo Armella fue prohibir el funcionamiento de las canteras que funcionaban en la jurisdicción de Acumar, con lo cual todas las compras de material se derivaron hacia Gildin, que está fuera de la cuenca. La maromaUna parte del negocio es la limpieza de las márgenes del río y otra el emplazamiento del camino de sirga. Esta es una antiquísima denominación, originada en la maroma o cuerda gruesa que se usaba para remontar las embarcaciones contra la corriente. Todos los propietarios limítrofes con ríos o canales deben dejar libre para ello un camino público de 35 metros. El 27 de abril de 2011, Armella firmó una resolución notable, en la que luego de fojas de ditirambos al ex presidente Julio Roca y la generación de 1880, una clase dirigente cuyas obras constituyeron “un verdadero legado para las generaciones venideras”, en contraste con “el facilismo de diseñar las obras pensando sólo en el hoy”, requirió a la Acumar bajo apercibimiento de multa diaria sobre el patrimonio propio de los funcionarios “que en un plazo perentorio acompañe un proyecto integrador que contemple todas las obras a desarrollarse”, en forma cabal, precisa y detallada. Nada menos. El 28 de diciembre (Día de los Santos Inocentes) dio un plazo de 45 días, hasta el 15 de febrero de este año, para que la Acumar, en coordinación con los municipios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús y Lomas presentaran un proyecto integrador con todas las obras de infraestructura sobre los taludes ribereños en los plazos y que realizara las licitaciones en los plazos “más cortos posibles, sin excusa alguna”. Al día siguiente rechazó el proyecto que Acumar había presentado ante su requerimiento roquista de abril, por considerar su información “pobre, deficiente y en algunos casos incoherente” y también le concedió todo enero y medio febrero para presentar un nuevo proyecto. En febrero Acumar firmó un convenio con Ceamse para comenzar la recomposición de taludes, rellenando las márgenes con tosca. Ceamse contrató las obras con Canteras del Sur y M&T, que iniciaron la recomposición de 50 metros de talud por 4,6 millones de pesos, cuando el precio de mercado no pasaba de 2,8 millones. En junio se firmó un convenio similar, para recomponer 200 metros de talud por 12 millones. La provisión de la tosca, el transporte, las maquinarias, las chapas para contener el talud, están armados para las empresas del grupo familiar, sin tomar en cuenta que la pavimentación del camino de sirga licitada por Avellaneda, Lanús y Lomas, ya incluía la recomposición de taludes. Por las dudas, el 12 de julio, Armella pidió a todos los intendentes de la cuenca que volvieran a relevar la existencia de canteras clandestinas, que el policía amigo que hizo designar en Acumar notificara a sus colegas de las comisarías para que controlaran que no fueran reabiertas las ya clausuradas y reiteró la prohibición de abrir nuevas en la cuenca, en una medida más propia del verdadero Roca y sus hermanos Goyo y Ataliva, abastecedores del Ejército, que del idealizado en sus resoluciones. El 13 de julio pidió que se elaborara una vez más el proyecto del camino de sirga y detalló: parquización, liberación de márgenes, construcción de caminos, taludes, cruces viales. En forma expresa dispuso que lo coordinara la Secretaría de Planificación de Acumar, a cargo de Carlos Balor y donde Armella tiene operadores de entera confianza (ver “Porque es un buen compañero”). Como los municipios ya licitaron y están construyendo el camino y realizando la forestación, es obvio el interés del magistrado en los taludes, que se rellenan con tosca de la única cantera permitida. En este momento está en ejecución el primer tramo del proyecto y en el trámite administrativo previo el segundo. Los quince tramos del proyecto total que está elaborando la Secretaría de Planificación superarán los 100 millones de pesos. El IVA olvidadoEl 16 de mayo, Armella intimó a la Acumar y al Ceamse a que en el plazo perentorio de diez días le informaran cuándo comenzarían las obras de limpieza de márgenes del río denominadas Tramo 2,a. primera etapa, en el espacio comprendido entre el puente transbordador y el taller de reparación de grúas. Dos días después Acumar derivó la notificación al Ceamse (que estaba realizando la rectificación de márgenes), que a su vez adjudicó la obra a M&T, por un monto de 9,2 millones de pesos más IVA. Pero a precios de mercado los trabajos presupuestados no cuestan más de 4 millones, con IVA incluido. El mismo 16 de mayo, el juez notificó a la Acumar y al municipio de Lomas de Zamora que en los consabidos diez días debían presentar un proyecto con las acciones de infraestructura en las defensas de cemento con reja superior conocidas como New Jersey, en el sector de la costa ribereña de Lomas, donde fue desalojada la feria “La Saladita”, y en el predio elegido para relocalizar a los feriantes. Dos semanas después Acumar y el municipio firmaron los respectivos convenios. La instalación del New Jersey en el viejo emplazamiento saldrá 10,8 millones de pesos (con un anticipo de 3,2 millones) y el relleno del nuevo predio, 12,9 millones de pesos. Esta es sólo la primera etapa del proyecto total planificado para el predio, que insumirá 150 millones de pesos. Los tractores que realizan la obra pertenecen a M&T cuya contratación fue sugerida al municipio por el juzgado y los presupuestos duplican el precio de mercado. Aún así, el grupo de familia no está conforme con los precios que fijó Lomas de Zamora. Armella solicitó al municipio y a la autoridad de cuenca que realizaran una adenda al convenio, que subirá los precios. Su realización corre una vez más por cuenta de la Secretaría de Planificación de Acumar. El argumento será que por error, Lomas omitió calcular el IVA. Estimado Verbitsky, ¿por qué no echa una miradita al UISCUMAR? Ud no imagina cuánto celebran este PISA MR . Todos gustan de la buena onda. Pero alrededor de un muerto que después de 226 años aún no conoce su certificado de defunción, esta onda funciona como trampera. FJA Vea un poquito la cara de este muerto por /boca 17.html y anteriores
De buenosaires2.0.com.ar . 27 de Agosto El juez Armella, por quien pasa todo lo relacionado a ACUMAR, quedó expuesto en una investigación de Horacio Verbitsky por favorecer a empresas conformadas por familiares o amigos. Armella, famoso desde ACUMAR tiene historia previa: es ahijado de la procuradora María del Carmen Falbo, y tuvo una “extraña” conducta (siendo Fiscal) en una causa que favoreció a Jesús Cariglino. “Casualmente” después ascendió a Juez Federal. Los teléfonos del juez Luis Armella no habrán parado de sonar este último domingo, y no es para menos: no sólo en su condición de columnista estrella de Página/12, sino como director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky firmó una demoledora columna donde apunta contra el magistrado, más precisamente acusándolo de utilizar su rol en la limpieza del Riachuelo -que la Corte Suprema de Justicia nacional delegó en él- para beneficiar a un grupos de empresas que, algunas más y otras menos, están vinculadas a él y su seno familiar, un nuevo escándalo de corrupción. Dicho de otro modo, el juez quilmeño se encarga de supervisar el plan de saneamiento ambiental, elaborado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza, al que suscriben tanto Nación como la Provincia de Buenos Aires, la ciudad homónimo y catorce municipios del Conurbano bonaerense. La operatoria del juez consiste básicamente en intimar a la autoridad, bajo apercibimiento de graves sanciones, a realizar proyectos varios en corto tiempo e “invocando estas resoluciones, la ACUMAR elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena”, según explica el periodista. Armella es parte de una telaraña de relaciones políticas del justicialismo bonaerense tejida durante los ocho años de la gobernación de Eduardo Duhalde y que hoy se recuesta sobre Daniel Scioli, aunque conserva algunos hilos en el kirchnerismo. Como secretaria del juzgado federal de Quilmes, Armella designó a Karina Lombardo, esposa del intendente de entonces, Sergio Villordo, quien fue el sucesor de Aníbal Fernández al frente del justicialismo quilmeño. A la jura de la secretaria concurrieron Mussi, el abogado de la policía bonaerense Luis Genoud (hombre fuerte del sur del conurbano que ocupa un asiento en la Suprema Corte provincial) y la procuradora general de la provincia, María del Carmen Falbo. A su vez, Mussi tiene como representante bonaerense en el directorio de Acumar a Jimena Camaño, hija de otro ex intendente de Quilmes, Eduardo Camaño, el secretario general del gabinete de Scioli y entusiasta orador antikirchnerista en los actos del grupo Juan Domingo. La protectora de Armella es Falbo, quien lo conoció en la infancia, cuando ella enseñaba y él estudiaba en la Ranelagh Comunity School. Falbo lo convirtió en uno de los fiscales más jóvenes de la provincia y lo sostuvo en un escandaloso episodio contra tres colegas de San Martín. Los fiscales Edgardo Ledesma, Luis María Chichizola y Fernando Domínguez habían investigado un caso de corrupción que incluso llevó a la cárcel por unos días al intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Armella inició una causa paralela a la de San Martín y terminó acusando a los empresarios denunciantes, por lo que se ganó el mote de Armelá. Se cruzaron entonces entre los fiscales sumarios, denuncias penales y solicitudes de juicio político, que no prosperaron. Falbo lo respaldó, desplazando de la causa a los otros fiscales y relegando a Domínguez a una fiscalía de primera instancia que investiga accidentes de tránsito. Cariglino es el único personaje de esta saga que aún sigue en el duhaldismo residual, aunque hace tres meses lanzó un Frente de Unidad Peronista con Francisco De Narváez, Graciela Camaño y Gerónimo Venegas, que aspira a encolumnarse con Scioli, quien, por ahora, los elude. La relación entre el presidente de Acumar y el juez encargado de controlarlo se consolidó con la designación de funcionarios solicitada a Mussi por Armella. Uno de ellos es el encargado de coordinar la fiscalización de industrias, Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, un teniente 1º de la Policía Bonaerense (Legajo N 23.836). Según su curriculum vitae, como integrante de la policía ecológica se desempeñó como auxiliar de Armella. En el juzgado se cruzó con el licenciado en Seguridad e Higiene Gabriel Husain, quien trabajó con Armella en causas penales sobre contaminación ambiental y desde marzo de 2011 está al frente de la Coordinación del Plan de Reconversión Industrial de Acumar. En la secretaría de planificación de Acumar trabajan el ingeniero Daniel Zinij y su hermano, el arquitecto Gabriel Zinij. Daniel es amigo de Armella desde hace quince años. Juntos integraron una misión del Rotary Club en Turquía. Cuando Armella se postuló para el juzgado que hoy ocupa, Zinij lo recomendó, invocando su “alto grado de compañerismo”.
de .ComAmbiental . 27 de Agosto Hace tiempo que la figura de Mussi está apagada en el gobierno nacional, frente a la estrella ascendente de su SubSecretaria de Política Ambiental, Silvia Révora. A días de la reelección presidencial, la funcionaria encabezó un importante acto nade menos que con Verbitsky, en su carácter de presidente del CELS, y con Juan Manuel Abal Medina, quien semanas después se convertiría en Jefe de Gabinete de Ministros, organismo del que depende la Secretaría de Ambiente.
Tampoco a Silvia Révora le irá mejor con el tema Riachuelo si no levanta la puntería en matería de conocimiento específico. El PISA MR actual se devorará a cualquiera que siga insistiendo en mirar por fuera de la ecología del ecosistema, para priorizar la urbanología de nuestros problemas. Un río MUERTO o un inodoro tapado no son funcionales a ningún plan. Los primeros despistados son los modeladores matemáticos fabulando con anteojeras en planicies extremas. Ver /evaluacion2.html y /evaluacion.html Francisco Javier de Amorrortu, 27/8/12
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